Cuando el mercado decide qué libros merecen existir
Cada tanto reaparece una vieja ilusión: creer que el mercado resolverá aquello que la cultura no ha podido resolver sola. La derogación de la Ley 25.542, que establece el precio único de venta de los libros en Argentina, vuelve a instalar esa promesa. La explicación oficial es sencilla: más competencia, menos regulaciones, libros más baratos.
Suena bien.
El problema es que la realidad suele ser bastante más compleja que un eslogan económico.
Quienes defienden la derogación hablan de libertad. Libertad para que cada librería fije sus precios, para que aparezcan descuentos, promociones y nuevas formas de comercialización. Argumentan que una norma sancionada hace más de veinte años no puede seguir regulando un mercado atravesado por plataformas digitales, ventas online e impresión bajo demanda. Es una discusión legítima.
Pero una cosa es discutir la actualización de una ley y otra muy distinta es dinamitar el ecosistema que permitió que durante décadas sobrevivieran cientos de librerías y editoriales que nunca compitieron en igualdad de condiciones con los grandes grupos económicos.
Porque el libro no compite solamente contra otros libros.
Compite contra supermercados, plataformas globales, cadenas comerciales capaces de vender durante meses por debajo del costo para quedarse con el mercado. Eso ya ocurrió en otros países donde desapareció el precio uniforme: primero llegaron los descuentos espectaculares; después comenzaron a bajar las persianas las librerías independientes; finalmente quedaron menos puntos de venta, menos editoriales pequeñas y menos diversidad de autores.
El argumento de los libros más baratos también merece una pregunta incómoda: ¿más baratos para quién y durante cuánto tiempo?
Las grandes cadenas pueden perder dinero durante meses. Una librería de General Pico, de Jáchal, de Goya, de Esquel o de cualquier pueblo argentino no puede hacerlo. Una editorial independiente tampoco.
Y cuando esas librerías desaparecen, no desaparece solamente un comercio.
Desaparece el librero que recomienda un poeta desconocido.
Desaparece la mesa donde un autor local presenta su primer libro.
Desaparece el espacio donde un lector encuentra aquello que ningún algoritmo le habría sugerido.
En Buenos Aires todavía existe la posibilidad de recorrer decenas de librerías en una tarde. En el interior, muchas veces hay una sola. Y esa única librería sostiene buena parte de la vida cultural de una ciudad.
Quienes vivimos y trabajamos desde las provincias conocemos otra Argentina. Sabemos lo que cuesta editar un libro de poemas en La Pampa, publicar un ensayo histórico en Chaco, imprimir narrativa patagónica en Río Negro o sostener un catálogo literario desde una editorial de Córdoba, Mendoza o Misiones. Sabemos que detrás de esos libros no hay accionistas esperando dividendos, sino cooperativas, pymes culturales, editoriales familiares y personas que invierten más pasión que rentabilidad.
Son editoriales pequeñas que apuestan por voces que difícilmente encontrarían lugar en los grandes conglomerados; o decenas de sellos universitarios y cooperativos distribuidos por todo el país. Ninguno de ellos domina el mercado. Todos enriquecen la literatura argentina.
La bibliodiversidad no es una palabra elegante inventada por académicos. Es la posibilidad de que un lector encuentre, además del best seller internacional, una novela escrita en La Pampa, un poemario editado en Neuquén, un ensayo producido en Tucumán o una investigación publicada por una universidad pública del Nordeste.
Cuando el mercado queda librado únicamente a su propia lógica, la diversidad suele convertirse en una víctima silenciosa.
Porque el mercado no censura.
Hace algo mucho más eficaz: vuelve invisibles aquellas obras que no prometen ganancias extraordinarias.
No es casual que el rechazo a esta derogación haya unido a autores, libreros, distribuidores, cámaras editoriales y pequeñas editoriales de todo el país. Tampoco es casual que el precio único exista en países como Francia, Alemania, España o Italia, donde se entiende que un libro no puede tratarse exactamente igual que un televisor o un paquete de fideos.
Defender esta ley no significa defender la inmovilidad. Las normas pueden revisarse, modernizarse y corregirse. Lo que resulta difícil de justificar es destruir un sistema sin demostrar que el nuevo garantizará algo mejor.
Porque si el resultado final consiste en menos librerías, menos editoriales independientes y menos autores publicados, los únicos que habrán ganado serán quienes ya eran grandes antes de empezar la carrera.
Y cuando el mercado decide qué libros merecen existir, tarde o temprano también empieza a decidir qué ideas merecen circular.
Ese ya no es un problema comercial.
Es un problema democrático, social, humanitario.
INSOMNE
